Nuevo Gobierno

Desde una óptica personalista cristiana, pensamos que el nuevo gobierno que se estrena deberá hilar fino para no caer en la injusticia.

Algunas leyes deberán tener prioridad: las que potencian la solidaridad hacia los más necesitados, con un claro y generoso compromiso social. Normas que acaben con la pobreza en las calles. Las que tengan en cuenta los "lamenta viduarum" –los lamentos de las viudas–que cobran míseras pensiones. Aquellas que enfoquen de manera justa nuestra sociedad rigiéndose por medio de unas mejores instituciones políticas, económicas y culturales. Todo lo que se haga para ayudar a las muchas personas que se encuentran en el paro y lo necesario para poner freno al lujo personal, los retiros blindados y a "la desvergüenza" de varios cargos privilegiados –en Gobiernos, Bancos, Cajas, Empresas, etc.– sobre quienes deberían recaer unos gravámenes más onerosos. Vigilar atentamente el tráfico de influencias. Mantener la dignidad inviolable de los pueblos y de las personas en sus derechos fundamentales: leyes como la del aborto, por ejemplo.

Legislar para que el trabajo no sea un fin en sí mismo, sino que sirva para la plena realización de la sociedad, donde cada uno se encuentre con el Bien común. Abogar a favor de un nuevo orden económico y social en el que todos podamos colaborar activamente y participar del bienestar alcanzado. Moderar los precios y los gastos innecesarios en el ámbito público.

Los nuevos gobernantes deben pensar muy bien en qué situación nos encontramos: mal, con una herencia, tal vez, nefasta, por lo tanto deben prever unos eficaces medios para crear las condiciones más óptimas para que sea prioritario el derecho al trabajo; que no se dé una injusta retención de salarios adeudados; que el egoísmo de los poderosos no haga ir más al traste las posibilidades que se vislumbran en los campos económico-sociales; que no ofrezcan trabajos contrarios a la dignidad humana; que se regulen ordenadamente los contratos laborales, que no son, en muchas ocasiones, de recibo según la justicia social; que se facilite la creación de trabajo apoyando a los imaginativos emprendedores de todo tipo; que la inmoralidad no domine la elevación o la bajada artificial de los precios y la especulación en la bolsa y los mercados; que la subasta de terrenos o casas hipotecadas por los bancos no vaya en perjuicio de los hipotecados.

Se deberán dar normas legales –quizá no del todo populares, como son las tijeretazos– que dificulten todo tipo de "dilapidación" de las ganancias obtenidas con el esfuerzo creativo de todos, y que, por supuesto, deberían revertir siempre en mejoras sociales: en sanidad, educación, obras públicas, ayudas familiares...; deberán tomarse claras medidas que impidan los sobornos y las corrupciones, practicados contra toda legalidad y honradez natural; potenciar muchos de los valores morales que exige el bien común.

Habrá que evitar hechos como las malversaciones y malas administraciones de bienes o propiedades sociales comunes; vigilar para que no se den más daños en equipamiento públicos y otro tipo de corporaciones; prohibir la escondida compraventa de personas, que en tiempos de paro son tratadas como mercancías; evitar la falsificación de documentos públicos, contabilidades y balances trucados, fraudes fiscales y la todavía no "detectada usura" de los "ricos"; los nuevos gobernantes no podrán olvidar tampoco todas aquellas normativas convenientes para el mejoramiento del "medio ambiente"...

Con todo este tipo de medidas y muchas otras que me he dejado en el tintero se obtendrá el deseado Bien Común, que comprende todas aquellas condiciones vitales que permiten y facilitan que cada ciudadano –hombre, mujer, niño, niña, joven, anciano...– pueda alcanzar una perfección y desarrollo justo, logrando así cada uno su plenitud.

Los gobernantes deberán tomar medidas que ayuden y fomenten el principio de subsidiariedad –de tal manera que todo lo que pueden hacer los súbditos no hace falta que lo hagan las instancias superiores (el Estado debe mantenerse en el lugar que le corresponde)–; habrá que regular tanto una inmigración desbocada y desordenada como la consecuente integración social de las personas inmigradas; será necesario buscar qué hacer para que todo tipo de trabajos informativos y asesoramientos no sobrepasen los límites éticos; deberán proponer normas adecuadas que regulen justamente los intercambios –trabajo y capital deben equilibrarse en una verdadera armonía– teniendo en cuenta que se trabaja con personas a las que se les debe respetar siempre sus derechos básicos; promover también leyes que faciliten el pago de deudas y de hipotecas alarmantes y que se puedan, por tanto, cumplir adecuadamente todos los deberes económicos libremente aceptados, para que cualquier daño, engaño extorsión o abuso... pueda ser reparado proporcionalmente, mediante la administración de una justicia rápida.

Muchas otras medidas serán necesarias para que se impidan especulaciones inmorales –en negocios, en monopolios "de facto"– en transacciones de todo tipo gracias a la llamada "información privilegiada", o que pongan en peligro los medios de vida necesarios, sean los propios o los ajenos, por el hecho de no poseer una justa cobertura con los seguros pertinentes; deberá facilitarse tanto la igualdad de oportunidades como unas normas que miren hacia el reparto justo de los bienes; que acaben con el afán de lucro personal o corporativo; que levanten esas pensiones que, por bajas y ridículas, son claramente injustas y desproporcionadas, equilibrandolas adecuadamente.

En definitiva, en un país justo los gobernantes deben servir al hombre desde su concepción hasta la muerte, y tener en la mente el núcleo de la sociedad que son el matrimonio y la familia. Todo esto exige tener leyes y normas justas que miren al hombre y su esencial dignidad: el ciudadano no es

un objeto, sino una persona. Muchas decisiones políticas han de tener consecuencias beneficiosas o, por el contrario, pueden llevar al "estado del malestar", con la consecuente pérdida de los altos valores morales que todos merecemos. La democracia no depende de pactos de mayorías interesadas, sino del diálogo social, evitando así cualquier tentación del totalitarismo.

La tarea que espera a los nuevos gobernantes es enorme. No la pueden hacer sólo con los diputados del partido ganador, que obtuvo una mayoría absoluta, menos en Cataluña y el País Vasco. Por lo tanto deberán escuchar y ponderar todo lo que le venga de los otros partidos que ya han dado muestras de querer cooperar. En fin habrá que legislar sin excluir las sugerencias que los diversos partidos, grupos sociales, sindicatos, empresarios... aporten desde una visión de voluntad para arreglar los grandes problemas económicos y sociales que se han generado en todos los terrenos durante los últimos años. Serán años difíciles...

Josep Vall i Mundó